¿Qué pasa si un padre no reconoce a su hijo? Estas son las consecuencias legales en Bolivia

No reconocer a un hijo en Bolivia no solo implica un conflicto familiar, sino también consecuencias legales que pueden activarse a través de distintos mecanismos establecidos por la normativa vigente.

El abogado Arturo Moscoso explicó que la responsabilidad de los padres comienza desde la gestación, por lo que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en procesos legales.

“Desde la gestación tienes que tener la obligación como progenitor. Si no quieres asumir, desde ahí deberías hacerte responsable”, señaló.

Proceso de filiación

En casos donde el padre no reconoce voluntariamente al menor, la madre puede iniciar un proceso de filiación por indicación, mediante el cual identifica al progenitor.

Este mecanismo permite avanzar en el reconocimiento legal sin necesidad de un proceso judicial inicial, aunque no libera al padre de futuras responsabilidades.

Derechos del menor

La legislación boliviana prioriza el derecho a la identidad, lo que incluye nombre, apellido y filiación, además del acceso a asistencia familiar.

“El derecho a tener un apellido y una filiación es fundamental. La ley protege que estos derechos no se vulneren”, afirmó el especialista.

Asistencia familiar y sanciones

Una vez establecido el vínculo, el progenitor debe cumplir con la asistencia familiar, cuyo monto base ronda los Bs 560, aunque puede variar según las necesidades del menor.

El incumplimiento de esta obligación puede derivar en acciones legales, incluyendo procesos judiciales para exigir el pago.

Otras implicaciones legales

Moscoso advirtió que la falta de vínculo y responsabilidad también puede generar consecuencias legales adicionales, como la restricción o pérdida de la autoridad paterna, especialmente si se evidencia abandono.

Además, señaló que los procesos de reconocimiento pueden demorar entre uno y dos meses y tener costos variables en el ámbito privado.

Recomendación legal

El especialista recomendó formalizar cualquier aporte económico mediante registros verificables, para evitar conflictos posteriores.

La normativa busca garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes no sean vulnerados, incluso cuando uno de los progenitores no asume su responsabilidad de manera voluntaria.