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La estructura delictiva controla desde el narcotráfico internacional hasta la canasta básica familiar en las zonas portuarias de su país de origen.
07/04/2026 19:12
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El control criminal de Buenaventura ha dado un giro drástico tras el reciente colapso de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las bandas locales. Los Espartanos, una de las estructuras más temidas del Pacífico en la zona de ese país, han retomado su postura bélica tras meses de una calma que hoy parece haberse desvanecido por completo.
Raíces paramilitares y evolución delictiva
El origen de este grupo se remonta a finales de la década de 1990 con la llegada del Bloque Calima de las AUC a la región costera. Tras la desmovilización paramilitar en 2006, remanentes de esta estructura formaron "La Empresa" y posteriormente "La Local", bajo el mando del clan Bustamante.
La fragmentación interna de "La Local" en diciembre de 2020 dio vida a las dos facciones que hoy se disputan cada calle: Los Espartanos y Los Shottas. Esta división sembró el terror mediante fronteras invisibles que limitan el movimiento de los ciudadanos y obligan a escuelas a cerrar antes del anochecer.
Un liderazgo bajo las sombras
La inteligencia estatal identifica a Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias ‘Mapaya’, como el máximo líder de esta organización que opera principalmente en la zona insular. Mapaya que fue capturado el lunes 06 de abril en Santa Cruz, Bolivia, tras un operativo que corta uno de los hilos conductores de la violencia en el puerto, dirigía las operaciones desde la clandestinidad fuera de la ciudad.
A pesar de su jerarquía, el control de la banda se extiende sobre las comunas 1 a 5, zonas estratégicas por su proximidad a los muelles comerciales. Esta ubicación les permite no solo dominar el territorio, sino también los negocios con mayores ingresos económicos de todo el distrito portuario.
El narcotráfico como motor financiero
La columna vertebral de Los Espartanos es el tráfico de estupefacientes, aprovechando la compleja red de esteros y humedales que rodean la ciudad. Estas vías fluviales son explotadas para trasladar cargamentos de cocaína hacia alta mar, eludiendo los controles constantes de las autoridades navales.
Además de las rutas propias, el grupo cobra "impuestos" a redes independientes y contamina contenedores en bodegas estratégicas antes de su exportación. La seguridad de estos envíos es una de sus funciones principales para garantizar el flujo constante de capital ilícito hacia sus arcas.
El control social y la canasta básica
La ambición de la banda ha evolucionado hacia la integración vertical de la economía local, controlando incluso el suministro de alimentos básicos. Desde 2022, Los Espartanos fijan precios y gestionan la venta al por mayor, asfixiando financieramente a los pequeños comerciantes de los barrios populares.
Este monopolio sobre los productos de primera necesidad demuestra una sofisticación delictiva que supera las simples extorsiones de sus predecesores paramilitares. El impacto en la vida cotidiana de los bonaverenses es total, afectando desde el plato de comida hasta la seguridad personal.
Alianzas peligrosas y nuevos actores
El panorama se ha complejizado con la entrada de actores externos como el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central, quienes se han aliado con Los Espartanos. Esta unión busca contrarrestar la influencia de Los Shottas, quienes a su vez han buscado apoyo en el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estas coaliciones son extremadamente volátiles y responden exclusivamente a intereses estratégicos de corto plazo en las zonas rurales y urbanas. La entrada de estas guerrillas en la disputa local ha incrementado el poder de fuego y la peligrosidad de los enfrentamientos en las comunas periféricas.
El colapso de la Paz Total
Aunque la tregua iniciada en 2022 logró reducir los homicidios de manera significativa, el pacto comenzó a desmoronarse a principios de 2025. Los Espartanos abandonaron la mesa de diálogo tras la emisión de órdenes de captura contra sus voceros, alegando una supuesta falta de garantías gubernamentales.
La ruptura del cese al fuego ha provocado un repunte inmediato de la violencia, registrándose 17 asesinatos solo durante el primer mes del presente año. La incertidumbre legal sobre cómo juzgar a estas bandas criminales sin estatus político ha estancado cualquier posibilidad de una desmovilización definitiva y duradera.
Fuente: InSight Crime.
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