Hacinamiento, cobros y deterioro: Denuncian irregularidades en hogares de acogida en La Paz

Una serie de denuncias por presuntos abusos, condiciones precarias y posible malversación de recursos sacuden a varios centros de acogida en el departamento de La Paz, tras una inspección realizada por la diputada Grace Santelices, del PDC.

El caso más alarmante involucra a un menor al que, según reportes, “le habían empezado a amarrar los genitales”, hecho que generó indignación y derivó en la valoración de 24 niños internos en uno de los hogares.

La parlamentaria, junto a su equipo de asesores, visitó al menos cuatro centros de acogida, entre ellos recintos ubicados en la zona de Obrajes y otros como el hogar Niño Jesús y el centro Erick Boulter, donde evidenció múltiples irregularidades.

“De haber encontrado huecos en las paredes, lugares donde hacen fisioterapia con colchonetas que ya no sirven, espacios muy reducidos y una sobrepoblación dentro de los centros”, denunció Santelices.

Según el informe, los problemas incluyen hacinamiento, infraestructura deteriorada, falta de separación por edades entre niños y adolescentes, así como deficiencias en la alimentación y el control interno.

El panorama sería aún más crítico en el centro de Yanacachi, donde 25 personas conviven en condiciones inadecuadas, con techos y cocinas deterioradas.

“La cocina tiene huecos, incluso se escapa el gas”, advirtió la legisladora.

A estas denuncias se suma la sospecha de compras con sobreprecio y el presunto uso irregular de recursos económicos. De acuerdo con el asesor de la Comisión de Justicia, cada interno recibe un bono de discapacidad de 250 bolivianos, pero no puede disponer de ese dinero.

“Podría constituirse en una malversación económica, porque esos recursos son de uso personal de los beneficiarios”, señaló.

Asimismo, se reportó que la provisión de alimentos no se cumple con la frecuencia establecida.

“La alimentación debería ser cada siete días, pero ocurre cada 15, y los funcionarios deben hacer ‘cuotitas’ para cubrir las necesidades básicas”, revelaron.

Ante esta situación, se solicitó un informe al gobernador Santos Quispe, sin obtener respuesta hasta el momento.

La diputada y su equipo pidieron una intervención inmediata de los centros, además de una auditoría y la participación del Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.